La justicia debe proteger a las víctimas y no a los victimarios

by Nov 14, 2019Descompases1 comment

Por Claudia Interiano

Es urgente establecer un mecanismo efectivo de monitoreo de la independencia judicial que formalice el apego a la legislación en su dimensión integral en cada sentencia.

Hace unas muy pocas décadas, yo tenía 10 años de edad, iba en un asiento contiguo a la ventana del bus en marcha, vestida con mis shorts de color rojo, mis tenis y una blusa rosada de Hello Kitty. Iba contemplando la calle, cuando la mano de un desconocido hombre mayor se instaló en mi pierna izquierda y me dejó congelada. Recuerdo no poder respirar y no poder decir nada, tener una gran vergüenza y esperar en silencio a poder bajarme del bus, con la esperanza de que nunca más me volviera a ver nadie de todas esas personas que iban en el bus y que en silencio fueron cómplices de un delito no tipificado en aquel tiempo.

En febrero de 2019 en El Salvador, un país con un amplio historial de impunidad en agresiones y violencia sexual a niñas, adolescentes y mujeres en diferentes contextos históricos, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Escalante, fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de Agresión Sexual en menor e incapaz, delito que es sancionado de ocho a doce años de cárcel.

En los primeros párrafos de la resolución de la Cámara Primero de lo Penal, se narran los hechos: Un hombre desconocido abordó a una niña de diez años que jugaba afuera de la casa de su tía en un pasaje de su colonia. Se le acercó lentamente y sin decirle nada, la sujetó de los hombros y tocó con la mano su vulva, hasta que una vecina se percató del incidente y gritó: “Te están tocando a la niña”, momento en el que el agresor huyó del lugar, dejando abandonado un vehículo perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

La Asamblea Legislativa de El Salvador retiró con 82 avales (de 84) la inmunidad de la que gozaba el funcionario público para que se enfrentara a la Justicia salvadoreña en tribunales comunes.

Sin embargo, la Cámara dictaminó -en resumen- que los tocamientos no fueron delito, ya que no se determina el grado de gravedad y trascendencia que afecten la indemnidad sexual de la víctima, sino que es una falta, y al haberse analizado en su integralidad la conducta del magistrado por calificarse como actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público.
De acuerdo a los magistrados, ya que el tocamiento fue instantáneo, no prolongado, y que se realizó sobre la ropa, no se califica entonces con la gravedad y trascendencia para ser constitutivo del delito penal que fue propuesto por la Fiscalía General de la República.

Este análisis se realizó con el auxilio -entre otros elementos que menciona la sentencia- de un peritaje psicológico elaborado por el Instituto de Medicina Legal. Pero he aquí uno de los elementos más imprescindibles en éste caso y miles como éste en El Salvador: la trascendencia de las ciencias jurídicas en la construcción social individual y colectiva de un Estado de Derecho en el impacto de una persona, y que esta persona además sea una niña de 10 años.

El análisis integral al que se refiere la Cámara en la sentencia, no debería estar limitado a una versión esquemática dentro del derecho penal y de la psicología clínica. Debería ampliarse técnicamente y avanzar en la integralidad del análisis desde un enfoque psicosocial y de género que aborde las conductas dentro de sus características de contexto a nivel social, político, cultural, económico, de género, de Interés Superior del Niño, y del abordaje sobre el poder de una persona adulta, que además ostente un cargo público.

La Constitución de la República es en jerarquía superior a la legislación penal, y en su primer artículo define justamente, entre otros derechos, que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, también nos dice que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común y que pues es obligación asegurar la salud y la justicia social.

Los elementos de esta disposición, vistos justamente desde la perspectiva de un enfoque psicosocial y de género, trascendería del papel a la realidad al proteger de manera integral los derechos de la niña de 10 años, respetándose así, férreos derechos fundamentales de la persona humana, tales como la vida, la integridad personal y la salud. Y fuese fiel a su deber, si hubiese ese análisis a la luz de la Ley de Protección a la Niñez y a la Adolescencia y numerosos tratados internacionales que el país ha ratificado.

Ser una niña en El Salvador es un riesgo inminente. Es una acción permanente de supervivencia. La nuestra es una sociedad de doble moral cotidiana, en la que se habla de la vida de las niñas y los niños como si se estuviese hablando de una imagen estampada en una revista de la Atalaya. La realidad cotidiana en las calles de San Salvador es una secuencia de imágenes discordantes con ese discurso: bajo la mira de peatones y conductores de automóviles, en los semáforos, niñas y niños inhalan pega, venden dulces y, seguramente, muchos están siendo explotados sexualmente. Un país que -según mapeo elaborado en 2016 por el Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA, en registros del IML, para el año 2015-, en promedio tiene 69 embarazos de niñas o adolescentes, o dicho de otra manera, tres embarazos cada hora o bien un embarazo cada 21 minutos.

El Salvador ha sido un país muy sangrado y construido con impunidad. El Ministerio de Salud reporta que entre el mes de enero de 2016 y mayo de 2018, 733 niños y niñas de 0 a 10 años fueron atendidos por abuso sexual o diagnósticos relacionados con éste. 534 fueron niñas y 199 niños. En éste rango de edad, la edad que más acumula víctimas es la de 5 años de edad. La Policía Nacional Civil reportó en el año 2017 casi 1,800 casos de denuncias por violación en menor e incapaz.

Entonces, si los actos deben ser analizados en el contexto social en el que se producen, según los sujetos que intervienen, y la gravedad y trascendencia que se les exige para lesionar el bien jurídico reconocido por la norma penal sustantiva, es totalmente válido preguntarse cuál ha sido el análisis de la Cámara:

¿el decoro público significa que nadie se dé cuenta ni se ofenda y, así, la conducta no sea sancionada ni social ni penalmente?,
¿acaso la sentencia está sugiriendo que la niña estaba afirmando y tolerando el “tocamiento” como si tuviese el discernimiento para tomar decisiones?, ¿existen capacidades instaladas en las instituciones públicas que integren análisis desde el enfoque de derechos humanos y de género?

Es urgente establecer un mecanismo efectivo de monitoreo de la independencia judicial que formalice el apego a la legislación en su dimensión integral en cada sentencia. Se fortalecería así la institucionalidad frente a un estado de derecho que está compuesto por ciudadanos y ciudadanas. Dicha independencia siempre vista como una garantía de la ciudadanía y no como un privilegio.

El acceso a la justicia es un puente construido dentro de la legislación nacional e internacional para que los impactos a nivel individual y colectivo no instalen las violencias, que parecen ser ya parte de una herencia de impunidad en nuestro país. Poor eso es urgente que la independencia judicial aborde de manera natural la integralidad de un enfoque de derechos humanos.
Sin embargo, también es más que válido preguntarse si frente a toda esta impunidad y, colocando primero a la persona humana, tal como reza nuestra Constitución, es el derecho penal —ese mismo que es esquemático, limitado e inventado bajo una mirada masculina— la respuesta a la erradicación de la violencia contra niñas y mujeres.

Jugar es un derecho para una niña. Es parte de la construcción individual del proyecto de vida durante las diferentes etapas de desarrollo de una persona, del desarrollo en el tiempo de una sociedad en colectivo. Es una obligación estatal instalar en el sistema de justicia, respuestas integrales de protección a las niñas y niños, a la sociedad en su conjunto.

En éste caso enunciado y muy mediático, lo que sí ha trascendido es el miedo del núcleo familiar de la niña y la necesidad de huir del país, migrando para lograr la supervivencia. Otra vez son las niñas y las mujeres las que se tienen que ir del lugar, mientras sus agresores caminan tranquilamente bajo la mirada del sistema penal y de protección a víctimas que observa desde una actitud inerte y cómoda, que se traduce en la inoperancia ante la denuncia para obtener justicia. Todo esto refuerza la impunidad que es la regla y no la excepción, en la sociedad salvadoreña, sobre todo para la población que vive en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Claudia Interiano es abogada y Notaria, enlace representante de la oficina de Fundación para la Justicia en El Salvador. Es titulada de la Universidad de El Salvador, con posgrado en Estrategias jurídicas para la incidencia y derechos de las mujeres de la Universidad de Chile. Voluntaria de Paz y Reconciliación en el Norte de Irlanda  con la Organización Corrymeela Community y con la Organización Bromley by Bow Centre en Inglaterra.

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